¿Qué sucede entre Marruecos y España ? ¿Son legales las devoluciones?
La Guardia Civil ha llevado a cabo devoluciones en caliente a pie de playa en el Tarajal, de aquellos Subsaharianos que habían accedido por mar a Ceuta, muchos se han resistido a ser devueltos del país que venían huyendo.
Fueron devueltos tan solo horas de haber llegado, tanquetas en la playa, voluntarios consolando a los inmigrantes, todo un caos. En la orden que ha dado el Ministerio de Interior se irán devuelto todos los que han entrado, también junto a ellos habían entrado marroquíes.
5600 personas han sido devueltas, la policía científica y extranjería están trabajando con un nuevo sistema de trabajo para que operen las 24 horas del día.
¿Son legales las devoluciones?
En cuanto a la legalidad de estas devoluciones
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha determinado que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015 -conocida como ‘Ley Mordaza’-, es constitucional en todos sus puntos, incluido el retorno de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla -siempre que se respeten las garantías legales-, salvo en lo tocante a las grabaciones “no autorizadas” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente del TC, Juan José González Rivas, desestima la mayoría de las impugnaciones del recurso de inconstitucionalidad presentado por 97 diputados del PSOE; 11 de Izquierda Plural y Chunta Aragonesista; 4 de Unión Progreso y Democracia (UPyD) y 2 del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados.
El TC solo ha declarado la inconstitucionalidad del inciso “no autorizado” del artículo 36.23 de la ley, que prevé como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Además, ha declarado constitucional el régimen especial para Ceuta y Melilla de rechazo en frontera de los extranjeros que intenten entrar ilegalmente, por considerar que se ajusta a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Según esta doctrina, “el rechazo en frontera es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre”, de modo que “la actuación material (será constitucional), sin perjuicio del control judicial que proceda realizarse en virtud de las acciones y recursos que interponga, en cada caso concreto, la persona extranjera”.
A esto, el TC ha añadido que “el rechazo ha de llevarse a cabo con las garantías que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España, debiendo ser reales y efectivos los procedimientos de entrada legal en territorio español”.
“En todo caso”, ha subrayado, “los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad deberán prestar especial atención a las categorías de personas especialmente vulnerables”, entre las que ha mencionado los menores de edad, las embarazadas o las personas de edad avanzada.
La sentencia se ha adoptado por la mayoría del Pleno del TC. Han votado en contra los magistrados María Luisa Balaguer Callejón y Cándido Conde-Pumpido Tourón, aunque solo la primera redactó un voto particular.
Las organizaciones españolas que forman parte de Migreurop (CEAR, ELIN, FEDERACIÓN SOS RACISMO, RED ACOGE, IRÍDIA, APDH-A y ANDALUCÍA ACOGE) han emitido un comunicado conjunto en el que advierten al Gobierno de que «las expulsiones colectivas o en caliente» que están llevando a cabo en Ceuta «no están permitidas por ley».
«Recordamos que las expulsiones colectivas o en caliente no están permitidas por ley y que debe de individualizarse cualquier tipo de medida, como establecieron las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 13 de febrero de 2020 y el Tribunal Constitucional el 19 de noviembre de 2020», subrayan las organizaciones en una declaración recogida por Europa Press.
Además, las organizaciones precisan que, entre las personas que están llegando a Ceuta, se estima que más de 1.500 son niñas, niños y jóvenes, y piden que «no se vulneren sus derechos fundamentales no bajo ninguna circunstancia».
Desde Garrido Extranjería ante un tema tan controvertido esperamos que se hayan respetado el procedimiento de protección internacional, acogida, identificación y tratamiento específico de colectivos especialmente vulnerables. La labor de la abogacía es fundamental para prevenir las vulneraciones de derechos fundamentales que se puedan producir en las fronteras. Por ello, el Consejo General de la Abogacía Española promueve el enfoque de derechos humanos en la asistencia jurídica a migrantes, y proporciona, a través de su Fundación, la especialización necesaria a los letrados y letradas que intervengan en las fronteras.